La Rebelión de los Sheriffs

EL PASO, Texas (Proceso).- Si de algo se enorgullecen los alguaciles del condado de El Paso es de su buena relación con la comunidad.

No ha sido fácil lograrlo: a lo largo de 10 años los oficiales de la Oficina del Sheriff del condado han estado trabajando para construir un ­vínculo de confianza que les permita mantener la delincuencia a niveles muy bajos, comparados con el resto del país.

“No quiere decir que estamos de acuerdo en todo; de hecho, tenemos diferencias, pero si somos un condado seguro es porque tenemos una relación fuerte con la comunidad y no queremos ponerla en riesgo”, dice el comandante Robert Flores.

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Foto tomada de Internet

La determinación de preservar ese tipo de relación llevó a la Oficina del Sheriff a desafiar en los tribunales estatales la Ley SB4 (Senate Bill 4), que entrará en vigor el 1 de septiembre y obligará a las policías de los condados, las estatales e incluso las de los campus universitarios a actuar como agentes de migración cuando realicen detenciones de rutina o respondan llamadas de la ciudadanía.

“Una ley como ésta hará que la gente dude antes de llamar a la policía para denunciar un crimen”, dice Flores. “La ley afectará la seguridad pública del condado y por eso no queremos que entre en vigor”.

La demanda interpuesta por la Oficina del Sheriff de El Paso y la organización Texas Organizing Project Education Fund ante la Corte de Distrito Oeste de Texas argumenta que la ley es anticonstitucional, alienta el racismo y la categorización racial al permitir que los agentes del orden en el estado puedan exigirle a cualquier persona que muestre sus papeles. Los demandantes buscan que el juez detenga la aplicación de la ley.

“La historia y la lógica nos dicen que no todos los texanos serán iguales ante este acoso. Los texanos con antecedentes hispanos, los inmigrantes y sus familias, particularmente los que vienen de México y Centroamérica, serán el blanco de esta ley”, dice la demanda.

La Ley SB4, también conocida como ley contra las ciudades santuario, fue firmada por el gobernador Greg Abbott el pasado 7 de mayo. La firma, transmitida en vivo en Facebook, fue considerada un triunfo para los republicanos de Texas, quienes desde 2011 habían tratado de pasar iniciativas similares.

La ley prohíbe a las ciudades y condados limitar la acción de sus oficiales en materia migratoria y, de hecho, establece multas y castigos contra los oficiales de policía o funcionarios que no acaten la nueva legislación. Quienes se nieguen a colaborar enfrentarán un cargo criminal menor y multas de entre mil y mil 500 dólares por la primera violación a la ley, y hasta 25 mil por las subsecuentes. Pueden también enfrentar el despido.

Esta historia se publicó en la revista mexicana Proceso. Para leer la historia completa haga click here

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